El régimen venezolano ha sido criticado en múltiples ocasiones por perseguir a figuras públicas, activistas y cualquier persona que exprese opiniones contrarias a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Un caso reciente que ha llamado la atención es el del influencer Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, una figura popular en redes sociales, especialmente entre los jóvenes.
La Divaza ha utilizado su plataforma para expresar sus opiniones sobre la situación política de Venezuela y ha mostrado su apoyo al movimiento Ya Casi Venezuela, que busca el restablecimiento de la democracia en el país. Este movimiento ha ganado tracción entre los opositores al régimen, quienes denuncian la falta de libertades civiles, el deterioro de las condiciones de vida y los constantes abusos de poder.
En respuesta a este tipo de manifestaciones de apoyo, el gobierno venezolano ha introducido un recurso legal con el fin de tomar acciones legales contra quienes apoyan movimientos como Ya Casi Venezuela. Esta es una estrategia que el régimen ha utilizado en el pasado para intentar silenciar a las voces disidentes. Estas acciones legales pueden incluir acusaciones de incitación al odio, conspiración, o incluso terrorismo, términos que el régimen ha manipulado para justificar la represión de la oposición.
El caso de La Divaza es un reflejo de cómo el gobierno venezolano utiliza su aparato judicial para intimidar y censurar a figuras influyentes que tienen la capacidad de movilizar a la opinión pública en contra del régimen. La reacción del gobierno hacia personas como La Divaza es una señal clara del miedo que tiene de perder control sobre la narrativa política en Venezuela, especialmente entre las nuevas generaciones que encuentran en internet una vía para expresar su descontento.
Este tipo de persecución no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión que ha sido denunciado tanto por organismos internacionales de derechos humanos como por la comunidad internacional. El uso de recursos legales para perseguir a influenciadores y activistas demuestra la creciente desesperación del régimen para mantener el poder en medio de una crisis económica, social y política sin precedentes.
