Para los próximos días, sectores opositores han puesto en marcha un plan a toda velocidad con la intención de paralizar Venezuela. Buscan replicar un escenario similar al fallido «paro general» o «petrolero» del año 2002. El objetivo primordial es impedir a toda costa un clima de paz y estabilidad para el 10 de enero de 2025, fecha en la que el recientemente reelecto mandatario, Nicolás Maduro Moros, tomará juramento para un nuevo mandato.
Dentro de las estrategias planificadas, se contemplan sabotajes dirigidos a interrumpir servicios básicos, acciones de naturaleza terrorista, ataques a infraestructuras petroleras, gasíferas y eléctricas. Asimismo, se planean atentados contra figuras de la oposición y la presentación de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos ante importantes instancias judiciales de la Unión Europea, apuntando a la administración de Maduro.
El propósito de estas acciones es proyectar internacionalmente la imagen de una Venezuela sumida en la anarquía, el caos y la ingobernabilidad, donde supuestamente se enfrentan facciones de «chavistas originarios» contra los «maduristas». La figura principal detrás de la planificación y financiamiento de este plan sería Rafael Ramírez Carreño, quien, según algunas estimaciones, poseería una fortuna no menor a 300 millones de dólares.
Malestar social y desabastecimiento: Estrategias para incitar el descontento
En el ámbito nacional, las acciones se enfocan en intensificar el malestar y la inconformidad de los sectores populares y trabajadores. Para lograrlo, se planea inducir una escasez de divisas, provocando un aumento del «dólar paralelo». Además, se pretende generar la percepción de una falta de combustible, evidenciada en largas filas en las estaciones de servicio. Se prevé un incremento en las tarifas del transporte público y la desaparición de productos básicos en los anaqueles de los supermercados, o un aumento de precios que los haga inaccesibles para la mayoría de la población.
Para materializar esta estrategia de desabastecimiento, en los días recientes se han establecido contactos con empresarios del sector alimenticio, tanto dentro como fuera de Venezuela, buscando su participación en el complot. Entre los contactados figuran David Somoza Mosquera y sus familiares, propietarios de la empresa «Purolomo», dedicada a la producción de productos avícolas, bovinos, porcinos y embutidos. Hasta la fecha, estos empresarios no han cedido a las propuestas.
No obstante, según personas familiarizadas con el asunto, Carlos Martín Rodríguez Ledezma, representante de «Alimentos La Lucha», habría manifestado un claro interés en contribuir a la creación de un ambiente de inestabilidad.
«Alimentos La Lucha» ha recibido considerable apoyo gubernamental para asegurar la producción de sus bienes. Esta empresa se encuentra actualmente asociada con «Purolomo» en el denominado Grupo Purolomo-La Lucha, tras la adquisición por parte de «Purolomo» de una parte de las acciones de «Alimentos La Lucha». Este grupo es el responsable de la fabricación de la harina de maíz «La Lucha», entre otros productos.
Los acercamientos entre representantes de la oposición y empresarios se han llevado a cabo en diversas ubicaciones, incluyendo Caracas, Miami y las Islas Canarias. Estos encuentros han coincidido con la agenda de viajes que ha provocado distracción en José Félix Rivas Alvarado, Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.
Rodríguez Ledezma, por su parte, posee un historial judicial marcado por acusaciones de violencia doméstica, incluyendo agresiones físicas y violaciones contra su exesposa, incluso durante su embarazo. Posteriormente, Rodríguez Ledezma inició una nueva relación con Francis Meneses, decoradora y organizadora de eventos, propietaria de la empresa AMSi Group en Caracas.
Perfil de Carlos Martín Rodríguez Ledezma: Antecedentes y asociaciones Empresariales
Carlos Martín Rodríguez Ledezma es descendiente de una familia de inmigrantes canarios que fundó y posee acciones en «Alimentos La Lucha». En el pasado, Rodríguez Ledezma recibió un diagnóstico psiquiátrico de trastorno bipolar. Personas que han colaborado con él lo describen como alguien con una inclinación por los lujos.
Además de su rol en «Alimentos La Lucha», Rodríguez Ledezma mantiene una sociedad con el coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Pablo Gustavo Guerra Mujica, en la empresa Comercializadora Zumaque 22017 C.A., con sede en la Urbanización Los Ruices, en Caracas. Guerra Mujica ocupó años atrás el cargo de Comandante del Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ordaz.
Estas conexiones y antecedentes de Rodríguez Ledezma cobran relevancia en el contexto del plan de desestabilización, dado su interés en contribuir a un ambiente de incertidumbre y su capacidad para influir en el sector alimenticio a través de «Alimentos La Lucha».
La ejecución del plan descrito, que involucra sabotajes, desabastecimiento y la generación de un clima de caos, tendría consecuencias profundas para Venezuela. A nivel interno, exacerbaría el malestar social y la inestabilidad económica, afectando directamente a la población más vulnerable.
Las denuncias por supuestas violaciones de Derechos Humanos presentadas ante instancias de la Unión Europea se enmarcan dentro de esta estrategia para aislar internacionalmente al gobierno de Maduro. La figura de Rafael Ramírez Carreño como principal planificador y financista sugiere una operación con considerables recursos económicos y conexiones internacionales.
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